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La interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay
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En 2020, en Brasil, una niña de 10 años que sufría violaciones por parte de un pariente, quedó embarazada. Ella y la abuela fueron a la Justicia y obtuvieron el derecho a abortar, pero personas respaldadas por creencias religiosas intentaron impedir el procedimiento. La historia atravesó al país, lo dividió y dejó ver que en Brasil, los derechos de las mujeres aún siguen invisibilizados para muchos. Pero no todos queremos esa realidad. Activistas, académicas, profesionales y hasta esta periodista que escribe el texto, nacida en Río de Janeiro, confiamos, como tantas otras, en que ya es tiempo de hacernos escuchar.
Valéria también es una de las que quiere otra realidad. Es una mujer brasileña que hace muchos años comenzó a militar y enfocó sus estudios hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por un lado, porque se veía interpelada a nivel personal: como lesbiana, quería sentir que podía elegir, actuar y ser ella misma. Pero también, por otro lado, porque su sensibilidad no le permitía quedarse como espectadora de la opresión sobre los cuerpos de las mujeres. Su cuerpo y el de todas pertenecen a cada una, y las únicas responsables sobre qué hacer con ellos somos las mujeres.
Valéria nació en San Pablo hace 55 años. Llegó a Uruguay a principios de 2020 con el objetivo de encontrar un país donde ella, su esposa, su hijo y sus cinco perros pudieran vivir con tranquilidad. Eligió venir a este país por la solidaridad de la gente, y, sobre todo, por la agenda de derechos uruguaya que, opina, es de vanguardia. En la intersección de la agenda vanguardista y el área de estudio de esta brasileña, hay dos leyes que resaltan sobre el resto: la Ley 18.426 sobre salud sexual y reproductiva, reglamentada en 2010, y la Ley 18.987 sobre interrupción voluntaria del embarazo – Ley del Aborto.
Hoy, casi 70 países en el mundo tienen legalizada la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y desde 2012, Uruguay es uno de ellos.
“La fuerza de la ley está en el hecho de que exista antes que en el resto de la región. Ahora se aprobó en Argentina, pero nueve años después que en Uruguay, entonces la ley acá es un logro muy importante. Es formidable que las mujeres tengan ese derecho. Y está bueno, porque pone también la temática en debate. Todo el tema de la IVE fue muy discutido. Hubo un momento en que intentaron derogar la ley, pero no lo lograron. Eso habla muy bien de Uruguay y su gente, porque tan pronto surgió el debate, las personas ya sabían que era un derecho de las mujeres, más allá de las creencias religiosas y valores personales. Solo de existir la ley ya es un punto muy importante”, defiende Valéria, quien tiene un doctorado en Psicología Social y hoy trabaja como investigadora del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), una entidad dedicada a promover los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Ese trabajo la tomó por sorpresa. En medio de una mudanza, los papeles y la tensión constante sobre un futuro incierto, le llegó una propuesta de mano de la directora de MYSU, Lilián Abracinskas. Con un portuñol que de a poco se iba transformando en español, Valéria aceptó la oferta sin haber comprendido del todo qué le deparaba.
“Y fue buenísimo. Empecé a venir una vez por semana, las otras horas las hago desde mi casa, y me puse en contacto con personas por lo que más me moviliza, que son los derechos humanos y derechos de las mujeres, y eso me ayudó mucho”, confiesa.
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Desde julio de 2020, Valéria desarrolla en MYSU un trabajo que es la bandera de su vida. Desde su sede, en el centro de Montevideo, charlamos sobre cómo funciona en Uruguay la Ley del aborto y cómo afecta a las mujeres migrantes.
En septiembre de 2021, la organización publicó un informe que establecía que desde que se instalaron los servicios legales de aborto en Uruguay, 75.117 procedimientos fueron realizados. Del total, 36.998 fueron en el servicio público y 38.119 en mutualistas (el servicio privado). Sumados, hubo una media de 9.300 intervenciones por propia voluntad al año.
Para interrumpir un embarazo, quien toma la decisión de hacerlo debe pasar por un proceso de cuatro etapas, conocido como Ruta IVE. La duración mínima es de 10 días y se hace tanto en el sistema de salud público como en el privado.
El primer paso es ir a una clínica de salud y declarar el deseo de interrumpir el embarazo. Todo el proceso, es decir, el aborto propriamente dicho, debe ser concluido hasta la 12° semana de gestación. Para hacerlo, hay que solicitar turno con un ginecólogo o el equipo de salud sexual y reproductiva por razones de IVE, ya que de otro modo puede no ser derivada a tiempo al equipo.
La etapa dos consiste en una entrevista con un grupo multidisciplinario, compuesto por un profesional de ginecología, un profesional de salud mental y otro de trabajo social. Sirve para informar a la mujer sobre todo lo que le va a pasar, sus derechos y las opciones que tiene para eventualmente no abortar y seguir con el embarazo.
Para los grupos defensores de los derechos de la mujer, esa etapa es una presión, por tratarse de un encuentro con tres autoridades juntas. Valéria señala además que ambas partes de este camino deberían suceder en el mismo día, pero es raro que ocurra.
“Después de la segunda etapa, que es la entrevista, la mujer tiene obligatoriamente que pasar por un periodo de cinco días para reflexionar. Es como si hacer un aborto fuera como alguien que va a comprarse un zapato nuevo. Quien llega a buscar esa alternativa ya lo pensó mucho: nadie lo decide en un pase de magia”, critica.
La tercera instancia de la Ruta es cuando la interrupción del embarazo sucede, casi en la totalidad de las veces, mediante el uso de un medicamento (Misoprostol). Según Valéria, por lo general, la mujer recibe las tabletas y las utiliza en su casa.
La última etapa consiste en un seguimiento: saber cuál es el estado de salud de quien pasó por un procedimiento de IVE e informarle sobre cómo puede evitar nuevos embarazos no deseados, es decir, cómo acceder a anticonceptivos, que se proveen de forma gratuita en ASSE (el servicio público de salud) para todas las usuarias con cédula uruguaya.
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En Uruguay, una mujer puede interrumpir voluntariamente su gestación hasta la 12° semana (los plazos son distintos si el embarazo es producto de una violación -hasta las 14 semanas- o si hay mala formación fetal o riesgo de muerte materna -sin tiempo determinado-). Pero bajo ese marco legal, la realidad de las mujeres migrantes es distinta, ya que enfrentan algunas limitaciones para hacer valer sus derechos. Es que para acceder a la IVE, es necesario tener cédula de identidad y comprobar, de forma confiable, ser residente en Uruguay desde hace por lo menos un año.
Este punto en la legislación afecta a una población que, según la ley N° 18.250, tiene “garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones”. Y a pesar de que el plazo de residencia no es requerido en caso de mujeres migrantes que sufren violencia de género en territorio uruguayo, para interrumpir un embarazo por voluntad propia, no todas las nacionales y las migrantes están en igualdad de condiciones.
“El problema para mí es el estigma que todavía tiene el aborto”, opina Valéria, que contrapone ese punto con su propia historia como migrante en Uruguay.
Quienes llegan de afuera cargan mochilas muy pesadas y pasan por procesos largos y agobiantes. Valéria recuerda su camino con cierta angustia e intenta hacer el ejercicio de empatizar con aquellas que, además de estar pasando por lo mismo, llevan un embarazo no deseado.
“Si yo pasé todo lo que pasé de forma tan fuerte y no estaba embarazada, ¿qué hubiese pasado si estuviera y no lo desease? ¿Qué haría con una legislación que permite que las personas pueden interrumpir un embarazo que no desean, pero yo no puedo? Si recién llego al país y descubro estar embarazada, no hay nada que pueda hacer, excepto ir afuera del sistema y hacerlo de manera ilegal, peligrosa, y eso puede significar riesgo de muerte. Eso es un punto débil y debería ser cambiado. Es una discriminación”, afirma.
Sin la atención médica necesaria, las intervenciones que se realizan para no seguir adelante con la gestación son de riesgo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de abortos realizados en el mundo, aproximadamente el 45% son inseguros y la mayoría ocurre en países en desarrollo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los abortos inseguros matan en promedio anual a 47 mil mujeres en todo el mundo. Por este motivo, Valéria recomienda que las mujeres migrantes intenten buscar ayuda.
“Hay servicios específicos para IVE. Si una mujer enfrenta obstáculos que no están previstos en la ley, que busque ayuda, de MYSU u otras entidades que trabajan con la temática. MYSU, por ejemplo, ayudó a organizar una red de mujeres llamada Las Lilas, que actúa en todo el territorio y acompaña mujeres que están en proceso de aborto. Las mujeres no son equipaje para traer una cosa al mundo. No acepten presión, busquen ayuda de las organizaciones, hagan una denuncia. Lleven la situación al público. Obvio que no es sencillo, yo sé: hay estigma, la mujer a veces tiene mucha vergüenza de hacer algo de ese tipo, pero no es motivo para avergonzarse. Es importante que sepan que es un derecho. No están haciendo nada mal”, defiende.
Cuando habla de ese aspecto, Valéria se enoja. No levanta su voz, habla serena, pero su mirada emana indignación. Saber que existen mujeres migrantes sufriendo le cala hasta lo más profundo de su interior.
“Si pudiera hablar con los que hacen las leyes, yo les diría que si los hombres pariesen, el aborto sería libre para todos. Entonces, que los legisladores tengan un poco de empatía, que piensen que los cuerpos son nuestras identidades y que controlarlos no está bueno. Que piensen con mucha empatía lo que significa para una mujer tener un hijo que no quiere, y para un hijo saber que no era querido. Las feministas, nosotras, no estamos en contra de la maternidad, al revés: casi todas tenemos hijos y los amamos mucho, pero los tuvimos cuando quisimos. Las creencias personales de los legisladores no pueden sobreponerse a los derechos humanos. No podemos tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría”, finaliza.
Desde 1990, el 28 de septiembre es considerado el Día Internacional del Aborto Seguro. Ya han pasado 31 años de ese momento y el testimonio de Valéria, las cifras y los artículos publicados reafirman una verdad que para esta autora debería estar consolidada: el aborto es un derecho y debe estar accesible a todas las mujeres del mundo.
